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San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz conforman triángulo de la muerte
+Es paraíso de desaparecidos e impunidad
Publicado: Jueves, 20 de Abril de 2017
Por: EL DIARIO DE COAHUILA
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/ Coahuila.-
.- San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz conforman triángulo de la muerte
Coahuila.- Los potosinos han vivido en carne propia, con toda su crueldad, la saña de los grupos del crimen organizado y la colusión de gobernadores y funcionarios, que han convertido a esta entidad, junto con Tamaulipas y Veracruz, en una suerte de “Triángulo de las Bermudas” de la muerte. La gente simplemente desaparece.

El registro de potosinos desaparecidos (tanto el oficial como el elaborado por las familias), particularmente a partir de 2009, incluye casos ocurridos en Tamaulipas, donde las personas se encontraban cuando sus familiares o amigos perdieron contacto con ellas

Así pasó con los ocupantes del autobús de pasajeros que en marzo de 2010 salieron de Xilitla con destino a la frontera norte, a donde nunca llegaron. Jornaleros de Querétaro y de San Luis Potosí viajaban en ese camión, que apareció posteriormente en una carretera de Coahuila, vacío.

Ese “Triángulo de las Bermudas” es un corredor que comienza en Tamaulipas, cruza parte de San Luis (Tamuín, Ciudad Valles, Ébano, Tanquián de Escobedo, Tancuayalab) y sigue por Pánuco (Veracruz), atravesando la Huasteca que abarca los límites entre estos estados.

Ese trayecto fue recorrido infinidad de veces por la familia de Ignacio Pérez, quien el martes 14 de agosto de 2012 y junto a los jóvenes Aldo Pérez, José Arturo y Alexis Domínguez Pérez y la niña Milynali Piña viajaba en una camioneta GMC Sierra Denali modelo 2008 tras hacer compras en Brownsville. Todos desaparecieron en Ciudad Mante, cuando hacían el trayecto de regreso a Tamuín.

Cinco años después, Edith Pérez —hermana de Ignacio, madre de José Arturo y Alexis, tía de Milynali y Aldo, y portavoz del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí— recuerda en entrevista que se preparaba con su esposo para ir a casa de sus papás —donde esperarían a los viajeros y se reuniría a cenar toda la familia— cuando encontró un último mensaje de voz en su celular:

“Mi hijo José Arturo todo el tiempo me estaba llamando, de Brownsville, de Matamoros… A las 6:36 de la tarde me vuelve a llamar, me dice que iban casi llegando a Mante; se oían muy contentos, escuché las risas de todos. Hablo con mi hermano, me dice que la carretera está muy tranquila, que ya casi llegaban y que fuéramos preparando la cena, las enchiladas huastecas con cecina que toda la gente de aquí que sale de viaje quiere comer cuando vuelve. Cuando iba a salir de mi casa tenía un mensaje de mi hijo a las 6:58, a los pocos minutos de que colgamos. Me preguntaba si le había pagado la inscripción de la escuela.”

Cuando Edith y sus familiares vieron que pasaba el tiempo y los viajeros no llegaban, comenzaron a llamar a los teléfonos celulares de Ignacio y los muchachos, pero ya estaban fuera de servicio.

“Cuando vimos que pasaban de la 9:30 o 10 de la noche y no llegaban, comenzamos a llamar al Ejército, Tránsito, Policía Federal para que los buscaran. En esos momentos pensábamos que habían sufrido un accidente, pero las autoridades nos comenzaron a decir que Mante estaba muy peligroso y que pudieron haber sido secuestrados, que fuéramos a denunciar a Mante”, recuerda Edith.

A las cinco de la mañana del día siguiente, su esposo había arribado a Ciudad Mante. Acordaron esperar algunas horas más —”a que abrieran los bancos por si nos llamaban para pedirnos rescate, pero no pasó nada”— y finalmente se denunció la desaparición de los cinco integrantes de la familia.

Han pasado casi cinco años y la familia sigue buscando, pero también padeciendo la abulia institucional.

Como ha sucedido ya en otras regiones del país laceradas por el fenómeno, después de años de una búsqueda callada, marcada por el desconocimiento y el miedo, en los meses recientes el hartazgo ha llevado a los familiares a exigir resultados e información al gobierno de San Luis Potosí, mientras se consolidan organizaciones y colectivos que mantienen la esperanza de encontrar a aquellos a quienes dejaron de ver.

Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí es uno de estos colectivos. Actualmente agrupa a 60 familias, en su mayoría de la zona Huasteca, que buscan a 87 personas. Por lo menos 30 de estos casos ocurrieron en Tamaulipas.

El gobierno del potosino priista Fernando Toranzo, en cuyo sexenio se dieron la mayoría de las desapariciones, desoyó e ignoró a estas familias, como lo hicieron las autoridades tamaulipecas desde el periodo de Eugenio Hernández Flores.
LA DEFENSA DE JAVIER DUARTE SE LANZA CONTRA LOS TESTIGOS DE LA PGR

La defensa de Javier Duarte arremetió contra uno de los pilares en los que la Procuraduría General de la República (PGR) sustenta el proceso penal por corrupción que tiene al exgobernador de Veracruz en prisión: los testigos colaboradores. Marco del Toro, abogado del exmandatario, señaló durante la audiencia de este sábado que los testimonios de Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez —señalados como excolaboradores del veracruzano— fueron obtenidos de forma ilegal y bajo coacción, lo que las convierte en prueba ilícita. El defensor aseguró que la PGR obtuvo las declaraciones de sus testigos al ofrecerles a cambio retirar órdenes de aprehensión en su contra por el mismo caso, lo cual —en su opinión— equivaldría a negociar "con la soga al cuello”. Del Toro agregó que fue indebido otorgar esta opción a los excolaboradores de Duarte, debido a que no se puede aplicar para obtener el testimonio de una persona señalada por el mismo delito que el acusado contra quien va a declarar. Es el caso de este proceso, en el que tanto Duarte como Ortega López y Janeiro Rodríguez están acusados de delincuencia organizada. El abogado afirmó que ambas declaraciones son el soporte principal de la investigación de la PGR, que el sábado expuso 82 elementos para intentar probar la responsabilidad de Duarte, y obtuvo del juez de la causa otros seis meses para completar el expediente.
PGR TIENE 6 MESES PARA RESOLVER EL CASO DUARTE

La PGR comenzó una carrera contra el tiempo, en la que tendrá un máximo de seis meses para cerrar la investigación complementaria en torno al caso de, Javier Duarte, a quien acusa de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El plazo fue definido por el juez de control Gerardo Moreno García, al término de la audiencia del sábado pasado en la que ordenó que Duarte quede vinculado a proceso. El juzgador detalló que la fecha límite para el cierre de las indagatorias será el 22 de enero de 2018. En estos seis meses (tiempo máximo permitido por el CNPP), la PGR indagará para fortalecer su investigación contra el expriista, a quien señala como cabeza de una “empresa criminal” que hizo desvíos del erario de Veracruz por alrededor de 1,670 millones de pesos, con la finalidad de fondear compañías fachada y adquirir inmuebles, terrenos, vehículos de lujo y joyas. La PGR expuso 82 datos de prueba, que también incluyen dictámenes contables y copias de estados de cuenta, escrituras y contratos de compraventa de algunas de las propiedades que Duarte y su círculo presuntamente compraron con dinero desviado de las arcas veracruzanas.
TERMINA DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA VERACRUZ POR HUNDIMIENTO

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el término de la Declaratoria de Emergencia para el municipio Veracruz, en el estado del mismo nombre, por el hundimiento ocurrido los días 6, 7 y 8 de julio. La Secretaría de Gobernación (Segob) expuso que la situación anormal generada por ese fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia. Mediante un comunicado, recordó que la Declaratoria fue emitida el 12 de julio para dicho municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
FUERO PODRÍA TAMBIÉN AYUDAR A DUARTE

Lo comenta el reconocido periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal: "Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el exgobernador puede argumentar que, como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad. Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada".
GENERA MOLESTIA SILENCIO DE FISCAL VERACRUZANO

Lo comenta la editorial KIOSCO, del diario El Universal: “En Veracruz, nos cuentan, se está haciendo habitual que cada vez que los medios de comunicación dan a conocer hechos de corrupción o los presuntos vínculos de políticos —contrarios al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (PAN)— con personajes de dudosa procedencia, el fiscal General del Estado, Jorge Winckler, inicia una investigación por la información y cita a declarar a los funcionarios implicados. Sin embargo, nos platican, don Jorge guardó silencio cuando aparecieron imágenes del entonces senador y actual alcalde electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, en un evento con el Comandante H, líder de la delincuencia organizada en el sur de la entidad, y hasta la fecha el fiscal no ha abierto ninguna indagatoria y tampoco ha emitido boletines de prensa para anunciar que citará a declarar a Yunes Marquez, hijo del mandatario panista. El hecho, nos aseguran, más que sorpresa generó molestia entre los partidos de oposición”.
SE REGISTRAN OCHO ASESINATOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

Ocho personas fueron asesinadas en diversos municipios de la entidad veracruzana, durante la madrugada de este miércoles, según los reportes policiacos. En el municipio de Tuxpan, una persona identificada como Luis Alfonso Ángeles Can, alias “El Patolo”, trabajador de Pemex, y Emanuel X, alias la Laila, fueron asesinados. Mientras que en Poza Rica, una mujer sin vida fue localizada en un callejón del fraccionamiento Floresta. En Martínez de la Torre, durante la madrugada de este miércoles una persona sin vida –con varios impactos de bala en el cuerpo- fue localizado en la colonia Rodríguez Cano.Horas más tarde, en el camino rural de Diamante a Cañadas de esta misma localidad, se realizó el hallazgo de una segunda persona muerta por impactos de bala.En el municipio de San Rafael –vecino a Martínez de la Torre- apareció un tercer ejecutado en un terreno baldío del poblado Vega de San Marcos. En el sur de la entidad, en Coatzacoalcos, fue asesinado un hombre en un lote baldío de la colonia Veracruz. Mientras que en Villa Allende, una persona del sexo masculino fue ejecutada.
SIETE HOMICIDIOS DE HONDUREÑOS EN ÚLTIMAS FECHAS EN VERACRUZ, REPORTA CONSUL

Raúl Othoniel Morazán, Cónsul de Honduras en Veracruz reveló que el camarográfo hondureño asesinado el día lunes en tierras veracruzanas, Edwin Rivera Paz, ya había solicitado refugio al país. Su estatus era de Protección Temporal, misma que había solicitado en la estación migratoria de Acayucan, confirmó el Cónsul de Honduras. Sobre la repatriación de su cuerpo, afirmó están haciendo las gestiones para hacer todos los trámites en estricto apego a la legalidad. “Se hacen las coordinaciones con la familia, lo preocupante es el tema de seguridad”. Esto no es una casualidad, la mayor preocupación para el cónsul es que se debe reforzar la seguridad pues en últimas horas han incrementado los asesinatos. El cónsul aseguró que no sólo le preocupa este asesinato; toda vez que han ocurrido asesinatos en los últimos días. Exigió a las autoridades hagan algo para contener la ola de violencia.
CDMX Y VERACRUZ, “FOCOS ROJOS” PARA MORENA

Lo comenta la editorial CONFIDENCIAL del diario El Financiero: "AMLO no quiere rupturas de cara a las elecciones de 2018 y por esa razón busca candidaturas de consenso, sobre todo en plazas clave como la Ciudad de México y Veracruz. El líder de Morena pondrá especial atención para que los aspirantes a la jefatura de Gobierno (Sheinbaum, Monreal, Delgado y Batres) y al gobierno veracruzano (Rocío Nahle y Cuitláhuac García) logren un acuerdo de unidad. Total, dicen en Morena, “para todos los cercanos a López Obrador habrá candidaturas".
KARIME MACÍAS INICIA TRÁMITE DE DIVORCIO DE JAVIER DUARTE

Ha comenzado a circular información en el sentido de que Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, ya inició los trámites de divorcio del político preso en Guatemala. En el noticiero "En los tiempos de la radio" se informó que Macías inició el trámite desde París, Francia. En más del ex gobernador Duarte, se dice que una vez que sea extraditado a México, una de sus estrategias sería citar a Miguel Ángel Yunes en lo que sería su primer encuentro público.
UN AÑO DE PRISIÓN PREVENTIVA A MORANDO TURRENT CONSTRUCTOR DE TORRE PEDIÁTRICA; MORANDO DICE NO SER RESPONSABLE

La Jueza de Control del Penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó medida cautelar de un año de prisión preventiva en contra del constructor Cesar Augusto Morando Turrent, representante legal de la empresa Gran Marca Proyectos SA de CV por el delito de fraude en contra del gobierno de Veracruz por 72 . 5 millones de pesos por la construcción del Hospital de Alta Especialidad infantil, Torre Pediátrica. Durante la lectura de hechos, la FGE señaló que acuerdo al peritaje de Juan de la Luz Soto, se acreditó que los materiales de construcción eran mala calidad, por lo que se acusó a Turrent de actuar de manera dolosa y fraudulenta. El peritaje a la obra reveló que los daños por ejecución de obra, actualización y gastos de la construcción suman un daño de 72 . 5 millones de pesos. Durante la audiencia, el constructor rechazó los hechos imputados , y acusó que durante los años de ejecución de la obra recibió recursos a “cuenta gotas”, y aun hay 42 millones de pesos que se le adeuda y nunca le pagaron. En su defensa ante la juez de control, dijo que nunca recibió anticipos por los dos contratos de obra, y luego le fue suspendido el último contrato por falta de recursos. Señaló que la obra fue abandonada por tres años y medio donde su empresa intentó mantener la obra y rechazó las acusaciones hechas por la FGE de que los materiales eran de mala calidad.
 
 
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